Congreso de la Unión discute convocatorias anómalas del Servicio Profesional de Carrera
Leticia Robles de la Rosa
CIUDAD DE MÉXICO, 2 de agosto.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión le pidió cuentas a la Secretaría de la Función Pública (SFP) por el madruguete que el PAN hizo sobre mil plazas laborales clave que le corresponderán al próximo gobierno federal.
Los legisladores solicitaron la comparecencia del titular de la SFP, Rafael Morgan Ríos, y un informe detallado para explicar las presuntas convocatorias irregulares de plazas que detectó el PRI, hecho dado a conocer ayer por Excélsior.
“Se solicita al Ejecutivo federal que, a través de la Secretaría de la Función Pública, informe a esta representación ciudadana, de forma detallada, sobre el desarrollo y resultados de los concursos para la ocupación de plazas en el marco del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal”, dice el punto de acuerdo.
También pidieron datos sobre el impacto que esas convocatorias tendrán en la estructura organizacional de las diversas dependencias de la administración pública federal.
El caso involucra al menos mil plazas, algunas de confianza para los titulares de las dependencias federales, entre las que resaltan secretarías particulares e integrantes de coordinaciones de asesores de secretarías.
Dicho reporte sobre las convocatorias de puestos de trabajo deberá ser entregado a más tardar en siete días. Posteriormente, los legisladores federales, sin trámite de por medio, llamarán a una reunión de trabajo a Rafael Morgan Ríos, indica el punto de acuerdo aprobado por todos los partidos representados en el Congreso de la Unión.
Congreso exige aclarar madruguete
Los legisladores reclaman la comparecencia del secretario de la Función Pública, Rafael Morgan, para que detalle el “repentino interés” de abrir cientos de plazas de asesor, vocero y secretario particular a través del Servicio Profesional de Carrera.
El pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) una explicación detallada del porqué lanzó convocatorias para ocupar al menos mil plazas por Servicio Profesional de Carrera y que llevó al PRI a acusar al gobierno federal de querer garantizar la permanencia de panistas en puestos clave del próximo gobierno.
Además de la entrega de un informe detallado, el Congreso de la Unión pidió la comparecencia del secretario de la Función Pública, Rafael Morgan Ríos, para que explique lo que el PRI llamó el “repentino interés” de abrir plazas del Servicio Profesional de Carrera, que no pueden ser despedidos con el arribo de la nueva administración.
Entre los cargos que fueron sometidos a concurso están los de coordinador de asesores, coordinador de Comunicación Social y hasta el de secretario particular de una Subsecretaría de Economía, lo cual fue interpretado por los priistas como un intento del PAN de incrustarse en la próxima administración.
A detalle
“Se solicita al Ejecutivo federal que a través de la Secretaría de la Función Pública informe a esta representación ciudadana, de forma detallada, sobre el desarrollo y resultados de los concursos para la ocupación de plazas en el marco del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, así como su impacto en la estructura organizacional de las diversas dependencias de la administración pública federal, atendiendo puntualmente los contenidos del considerando.
“Este informe deberá ser remitido a esta soberanía a más tardar en siete días naturales, a partir de su aprobación.
“Una vez recibido el informe señalado, la Primera Comisión de esta Comisión Permanente podrá citar, sin mayor requisito, a una reunión de trabajo al secretario de la Función Pública, o a aquel servidor público de esa dependencia que sea conveniente, a efecto de ampliar las explicaciones que se estimen necesarias”, precisa el punto de acuerdo aprobado ayer por todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión.
Convocatorias irregulares
Ayer, Excélsior informó que a cuatro meses de concluir el gobierno de Felipe Calderón, el PRI detectó que el PAN abrió convocatorias presuntamente irregulares del Servicio Profesional de Carrera para dejar a los suyos en puestos clave del próximo gobierno.
“En un proceso de alternancia política, no podemos permitir que un sistema desarrollado para preservar derechos de igualdad de oportunidades, movilidad y ascenso con base en méritos en el servicio público, se convierta en la agencia de colocación de simpatizantes políticos y amigos de partido”, destaca el documento de análisis del PRI.
A juicio de los priistas —cuyos legisladores estudian el estado actual de la burocracia federal con el objetivo de eliminar plazas innecesarias y equilibrar los salarios—, los aspirantes a dichas plazas son personas “sin calificación profesional que buscan refugiarse en el presupuesto para sobrevivir una derrota electoral y el cambio de administración”.
El estudio añade que “lo que más llama la atención es que un total de 596 plazas han sido puestas en concurso sólo en las cuatro semanas posteriores a la elección para la renovación de la Presidencia de la República.
“Mientras en el pasado mes de mayo se publicaron 207 convocatorias, para junio ascendieron a 295, y en julio han sido publicadas casi 600. Es por demás evidente que pasada la elección presidencial, se ha acelerado el proceso de ocupación de cargos medios y altos en el gobierno federal, con el indudable propósito de ocupar rápidamente el mayor número posible de plazas”, detalla el documento, que fue incluido en todos sus términos en el exhorto de la Comisión Permanente para pedir la información detallada.
Nuevo Reglamento
En este contexto, y a sólo cuatro meses de concluir el gobierno, la Secretaría de la Función Pública dio a conocer el Acuerdo por el que se da a conocer el Programa para el Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.
Dicho acuerdo traza líneas rectoras para la elaboración de las convocatorias y los procesos que deben cubrir los aspirantes, con base en los lineamientos de la propia ley federal al respecto.
En él establece que la visión del programa deberá convertirse en “un referente internacional por la credibilidad y utilidad para la ciudadanía, con servidores públicos de carrera competentes, orgullosos de serlo y reconocidos por su desempeño eficiente y eficaz”.
Su misión, refiere el texto legislativo. será “guiar la profesionalización y el desempeño de los servidores públicos sujetos al Servicio Profesional de Carrera con el fin de contribuir al logro de los objetivos de la administración pública federal y sus políticas de gobierno”.
Los términos de la ley
Artículo 5.- El Sistema comprenderá, tomando como base el catálogo, los siguientes rangos:
a) Director General;
b) Director de Área;
c) Subdirector de Área;
d) Jefe de Departamento, y
e) Enlace
a) Director General;
b) Director de Área;
c) Subdirector de Área;
d) Jefe de Departamento, y
e) Enlace
Los rangos anteriores comprenden los niveles de adjunto, homólogo o cualquier otro equivalente, cualquiera que sea la denominación que se le dé.
La creación de nuevos cargos en las estructuras orgánicas en funciones equivalentes a las anteriores, sin importar su denominación, deberán estar homologados a los rangos que esta Ley prevé.
La Secretaría, en el ámbito de sus atribuciones deberá emitir los criterios generales para la determinación de los cargos que podrán ser de libre designación.
Éstos deberán cumplir con los requisitos que previamente establezcan las dependencias para cada puesto, y estarán sujetos a los procedimientos de evaluación del desempeño, no así a los de reclutamiento y selección que establece esta Ley.
Artículo 34.- En casos excepcionales y cuando peligre o se altere el orden social, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país (...) los titulares de las dependencias o el Oficial Mayor respectivo u homólogo, bajo su responsabilidad, podrán autorizar el nombramiento temporal para ocupar un puesto, una vacante o una plaza de nueva creación, considerado para ser ocupado por cualquier servidor público, sin necesidad de sujetarse al procedimiento de reclutamiento y selección a que se refiere esta Ley. Una vez emitida la autorización deberá hacerse de conocimiento de la Secretaría en un plazo no mayor de quince días hábiles, informando las razones que justifiquen el ejercicio de esta atribución y la temporalidad de la misma.
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