CD. VICTORIA, Tamaulipas.- El Secretario General de Gobierno, Herminio Garza Palacios, encabezó una reunión de trabajo en donde a los integrantes de esta dependencia del gobierno estatal se les orientó acerca del “Orden Constitucional y Legal que Rige la Participación de los Servidores Públicos en el Proceso Electoral”, que concluye el próximo domingo 7 de julio.
Para tal efecto el doctor Edy Izaguirre Treviño les impartió una conferencia donde les explicó lo que es un proceso electoral en sus diversas etapas, comprender la función de un servidor público, conocer las reglas de imparcialidad y equidad, así como los derechos políticos de los ciudadanos.
Al respecto, el Secretario General de Gobierno exhortó a todos los funcionarios de la dependencia a aplicar correctamente los lineamientos de dicho orden, precisando que se trataba de un ejercicio de derechos políticos que todos deben conocer y respetar.
“Pero además, se trata de un ejercicio en el que se les explicará que si bien es cierto estamos ya en medio de un proceso electoral, este no debe paralizar al aparato gubernamental, mucho menos los programas sociales, mientras no se violenten las leyes al respecto”, sostuvo Garza Palacios.
Izaguirre Treviño, en su ponencia, explicó que un principio básico de la conferencia es la de brindar certeza a la actuación de los servidores públicos con motivo del proceso electoral, tanto en el desempeño de sus encargos, como en el ejercicio de sus derechos políticos.
Dijo que el servidor público debe observar dos reglas de oro: Recursos y Propaganda Gubernamental. En el primero de los casos, tiene que aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.
En cuanto al segundo punto, el conferencista expresó que todo servidor público tiene la obligación de suspender la difusión en los medios de comunicación social, de toda propaganda gubernamental durante el periodo de las campañas electorales.
También les habló de las diversas sanciones administrativas a que pueden hacerse acreedores las autoridades y servidores públicos, de acuerdo al Artículo 135 del Código Electoral de Tamaulipas y los últimos tres párrafos del Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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