Buscarán transparentar nexos SNTE-gobernadores y maestros comisionados
Leticia Robles de la Rosa
CIUDAD DE MÉXICO, 3 de septiembre.- El presidente Felipe Calderón aseguró a senadores que es “inaplazable” la discusión para obligar a los gobiernos de las entidades federativas a establecer mecanismos que transparenten su relación con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), al que le permiten la existencia de miles de maestros que reciben sueldo sin dar clases.
Excélsior difundió la semana pasada que un estudio de Mexicanos Primero demostró que tan sólo el año pasado, los maestros comisionados costaron mil 727 millones de pesos.
La propuesta del mandatario, enviada al Senado bajo la figura de iniciativa preferente, deja en claro que los estados estarán obligados a informar sobre las razones que los llevan a comisionar a maestros, así como de otros privilegios que otorgan al sindicato de la maestra Elba Esther Gordillo.
Buscan atar manos a SNTE
Plantean informe trimestral sobre permisos y gasto.
El presidente Felipe Calderón aseguró a senadores que es “inaplazable” la discusión para poner fin a la dinámica de opacidad de los gobiernos estatales, con mecanismos que los obliguen a regular y transparentar incluso su relación con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), a quien permiten la existencia de miles de maestros a quienes les paga sin dar clases.
Excélsior difundió la semana pasada que un estudio de Mexicanos Primero demostró que tan sólo el año pasado, los maestros comisionados costaron mil 727 millones de pesos.
La iniciativa del Presidente deja en claro que los estados estarán obligados a informar las razones que los llevan a comisionar a los maestros y esa información deberá hacerse pública cada tres meses, pero además, informar de las dobles plazas, jubilaciones y todos los privilegios que otorgan al sindicato de la maestra Elba Esther Gordillo.
“Sin perjuicio de lo dispuesto en esta Ley y en otros ordenamientos, las entidades federativas deberán presentar información relativa al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal y al Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos.
“Las entidades federativas deberán entregar a la Secretaría de Educación Pública (SEP) del gobierno federal, de manera trimestral, a más tardar dentro de los 20 días naturales siguientes a la terminación del trimestre correspondiente, así como publicar en su respectiva página en internet el número total del personal comisionado y con licencia, con nombres, tipo de plaza, número de horas, funciones específicas, claves de pago, fecha de inicio y conclusión de la comisión o licencia, así como el centro de trabajo de origen y destino.
“(También) los pagos realizados durante el periodo correspondiente por concepto de pagos retroactivos hasta por 45 días naturales, siempre y cuando se acredite la asistencia del personal beneficiario durante dicho periodo en la plaza respectiva, debiendo precisar el tipo de plaza y el periodo que corresponde”, ordena.
Pero además, establece que la SEP deberá cotejar esta información de los maestros comisionados y/o con licencia, con sus propios archivos, para verificar que son maestros acreditados como profesores frente a clase y que con la decisión de comisionarlos no se lesiona la educación de los menores en las primarias, secundarias y normales.
La SEP deberá: “Conciliar las cifras de matrícula escolar, correspondiente al inicio del ciclo escolar, con las entidades federativas y enviar un reporte definitivo a la Cámara de Diputados del Congreso durante el primer trimestre del año.
“Conciliar el número, tipo de plazas docentes, administrativas y directivas, y número de horas, de nivel básico, normal, de educación tecnológica y de adultos, por escuela, con las entidades federativas, determinando aquéllas que cuentan con registro en la SEP del gobierno federal y las que sólo lo tienen en las entidades federativas y, en su caso, aquéllas que lo tienen en ambas”, precisa.
Además, la SEP deberá colocar en su página en internet, con una explicación sencilla, para que la población pueda comprenderla, la información que le envíen los gobiernos de los 31 estados y el Distrito Federal la relación completa de los maestros en comisión, licencia y los jubilados, todos acompañados de sus respectivas claves, los pagos que reciben y los trabajos que realizan.
Para el caso de los maestros que estén en licencia, se deberá informar el dictamen médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o de la institución respectiva.
Además, los estados estarán obligados a entregar una relación de los trabajadores de la educación contratados por honorarios, el monto que reciben y el trabajo que realizan; aclara que sólo quien tenga Registro Federal de Contribuyentes con homoclave puede ser contratado.
“Cambios pondrán fin a las triangulaciones”
La iniciativa del presidente Felipe Calderón en materia de rendición de cuentas de gobiernos estatales pondrá fin a casos como las triangulaciones para financiar proyectos electorales, como presuntamente ocurrió con las fundaciones de Andrés Manuel López Obrador y el PRI, con Monex, explicó la senadora panista Laura Rojas.
La legisladora será una de las panistas involucradas en la negociación de la reforma presentada por el presidente Felipe Calderón, porque se trata de un tema que ella conoce bien, dado que lo impulsó desde el CEN del PAN con todos los legisladores estatales albiazules en un esfuerzo de rendición de cuentas.
En entrevista con Excélsior, Laura Rojas destacó que una de las ventajas de la iniciativa presidencial, presentada el sábado en la apertura del Congreso de la Unión, para que sea procesada de manera preferente, es que se pondrá fin a la creación de programas sociales que sólo responden al fomento del clientelismo político, porque sus recursos se canalizan a organizaciones sociales comandadas por los aliados políticos de los gobiernos estatales y municipales que los idean.
Al tratarse de una reforma a la Ley General de Contabilidad Gubernamental será canalizada a las comisiones unidas de Hacienda y Estudios Legislativos, para que discutan aristas como la obligación de los estados a informar todo lo relacionado con la deuda pública que contrataron.
Más vigilancia
La iniciativa obliga a la SEP a dar informes trimestrales.
La SEP entregará cada semestre a la Cámara de Diputados “el listado de nombres, plazas y de entidades federativas en las que identifique doble asignación salarial que no sea compatible geográficamente, cuando la ocupación sea igual o superior a dos plazas en municipios no colindantes o temporalmente, cuando el trabajador ocupe una cantidad de plazas que supere el número de horas hábiles en un plantel; y reportar sobre la corrección de las irregularidades detectadas durante el tercer trimestre del año”.
La SEP estará obligada también a “vigilar el monto de las remuneraciones con cargo al fondo respectivo, informando a la Cámara de Diputados los casos en que superen los ingresos promedio de un docente en la categoría más alta del tabulador salarial correspondiente a cada entidad”.
Admiten trabas en la ley laboral
La Secretaría de Gobernación acepta que la discusión de la reforma laboral en la Cámara de Diputados arranca sin que exista el consenso sobre la democratización interna de los sindicatos, aunque existen altas posibilidades de que puntos como el castigo al trabajo infantil, la regulación de las outsourcing y la seguridad en el trabajo minero, entre otros, pasarán sin mayor problema.
De acuerdo con un documento de análisis sobre la reforma laboral que el presidente Felipe Calderón envió a la Cámara de Diputados con el carácter de preferente, la dependencia detalla cuáles son las partes de la iniciativa que ya recibieron el aval de al menos dos de las tres fuerzas políticas que se requieren para aprobar una reforma.
Detalla que puntos como el establecer un procedimiento sumario para los juicios en materia de seguridad social, reclamaciones sobre riesgos de trabajo, entre ellos, pensiones y fondos de vivienda, y así liberar recursos y tiempo para la atención de los conflictos laborales, tienen consenso de las tres fuerzas políticas.
El Servicio Profesional de Carrera para los servidores públicos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje es rechazado por el PRD; limitar la generación de salarios vencidos por despido injustificado a un año; si para entonces no se ha resuelto el juicio, se pagarán intereses de dos por ciento sobre una base de quince meses de salario, tiene el aval de los tres.
Instalaciones adecuadas para personas con discapacidad; endurecer las sanciones en caso de trabajo para menores, al tipificar como delito la contratación de menores de 14 años, fuera del círculo familiar, adicionalmente se incorpora un listado de trabajos peligrosos e insalubres; la prohibición del acoso u hostigamiento sexual y de solicitar certificados de ingravidez o el despido por embarazo tienen el aval de PAN, PRI y PRD.
También el mejorar las condiciones de trabajo de los empleados domésticos, donde se propone regular con precisión la duración de su jornada laboral, y establecer de manera expresa los periodos de descanso diario y semanal, que deben tener.
Pero la parte relacionada con limitar el derecho de huelga y la democratización de la vida interna de los sindicatos tienen el rechazo del PRI y del PRD, porque en ambos partidos existen sindicatos fuertes cuyos dirigentes no están de acuerdo con implantar esa dinámica.
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