Mientras el pleno del Senado aprobó con 100 votos la reforma constitucional sobre el tema, la Cámara de Diputados anunció que rechazará la minuta que le envíe la colegisladora
Leticia Robles de la Rosa e Ivonne Melgar
17/04/2013 05:32
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CIUDAD DE MÉXICO, 17 de abril.- Las nuevas normas sobre el control de las deudas de los estados y municipios dividieron ayer al Congreso de la Unión.
Mientras el pleno del Senado aprobó con 100 votos la reforma constitucional sobre el tema, que implica un sistema de alertas, transparencias y obligaciones para los gobernantes locales, la Cámara de Diputados anunció que rechazará la minuta que le envíe la colegisladora.
En San Lázaro acusan que los senadores carecen de atribuciones para crear leyes sobre responsabilidad fiscal y deuda pública.
Los senadores confiaron anoche en el aval a la minuta, una vez que se compruebe que se trata de una reforma constitucional y no de un proyecto de ley o decreto.
Senado avala control para las entidades
El pleno del Senado de la República aprobó con 100 votos la reforma constitucional para controlar la deuda de estados y municipios, a partir de un sistema de alertas, transparencia, registro público de empréstitos y la obligación de que los gobernadores y alcaldes deben pagar sus préstamos de corto plazo a más tardar tres meses antes de concluir sus mandatos, para que no hereden problemas a sus sucesores.
Los legisladores dispusieron que será inmediato el control de la información sobre los datos de los préstamos, como son deudor, acreedor, monto, tasa de interés, plazo, tipo de garantía o fuente de pago, y la Secretaría de Hacienda deberá entregarla, en junio, septiembre y diciembre, al Congreso de la Unión.
Desde la tribuna, Raúl Cervantes, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, y Alejandro Encinas, quien preside la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, resaltaron las aportaciones de esta reforma, que impedirá el abuso y obliga a los tres órdenes de gobierno a contribuir a la estabilidad financiera y presupuestal del Estado mexicano, amén de que eleva a las dos terceras partes los votos de los congresos estatales para aprobar endeudamientos.
La reforma precisa que el Congreso de la Unión emitirá una ley para “dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos y otorgar garantías sobre el crédito de la nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional.
“Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que produzcan un incremento en los ingresos públicos o, en términos de la ley de la materia, los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de refinanciamiento o reestructura de deuda que deberán realizarse bajo condiciones de mercado, así como los que se contraten durante alguna emergencia declarada por el Presidente de la República”, precisa.
También establecerá en las leyes correspondientes “las bases generales para que los estados, el Distrito Federal y los municipios puedan incurrir en endeudamiento; los límites y modalidades bajo los cuales dichos órdenes de gobierno podrán afectar sus respectivas participaciones para cubrir los empréstitos y obligaciones de pago que contraigan.
“La obligación de dichos órdenes de gobierno de inscribir y publicar la totalidad de sus empréstitos y obligaciones de pago en un registro público único, de manera oportuna y transparente; un sistema de alertas sobre el manejo de la deuda, así como las sanciones aplicables a los servidores públicos que no cumplan sus disposiciones”, dispone la minuta que se enviará en el transcurso de este día a la Cámara de Diputados.
Crea una nueva facultad para el Senado, con el fin de “sancionar o, en su caso, objetar, a través de la comisión legislativa competente y en un plazo máximo de 15 días hábiles, la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los estados, planteada en los convenios que, en su caso, pretendan celebrar con el gobierno federal para obtener garantías.
“Lo anterior aplicará en el caso de los estados que tengan niveles elevados de deuda en los términos de ley. Transcurrido dicho plazo sin pronunciamiento alguno, inclusive durante los periodos de receso del Congreso de la Unión, dichas estrategias se considerarán avaladas.
“Asimismo, de manera inmediata a la suscripción del convenio correspondiente, ser informado de la estrategia de ajuste para los municipios que se encuentren en el mismo supuesto, así como de los convenios que, en su caso, celebren los estados que no tengan un nivel elevado de deuda.”
Ordena a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) fiscalizar el uso de los empréstitos cuando éstos sean respaldados por los convenios de la Federación.
Establece que los estados y municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos, sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o reestructura, las cuales se regirán por condiciones de mercado.
El pleno del Senado de la República rechazó ocho reservas, la mayoría presentadas por el legislador perredista Mario Delgado Carrillo, y aprobó dos cambios propuestos por las comisiones.
Legisladores esperan que en San Lázaro rectificarán
Ayer el Senado aprobó una reforma constitucional en materia de deuda de estados y municipios, que basó en el artículo 135 constitucional, que permite reformar y adicionar la Carta Magna.
El artículo 72 constitucional, que se refiere a los temas exclusivos de alguna de las cámaras, sólo alude a “todo proyecto de ley o decreto”, es decir, a leyes secundarias; en este caso el Senado no aprobó una nueva ley secundaria ni reformó ley o decreto referente al tema exclusivo de la Cámara de Diputados en materia de deuda.
El Senado confió anoche en que la Cámara de Diputados, cuando tenga en sus manos la minuta, comprobará que se trata de una reforma constitucional y no de un proyecto de ley o decreto.
El Senado acordó desde principios de marzo que sólo procesaría la reforma constitucional en materia de deuda, pues corresponde exclusivamente a la Cámara de Diputados crear la nueva Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, así como cambios a las leyes de Coordinación Fiscal y General de la Deuda Pública, que serán consecuencia de esta reforma constitucional.
Diputados anticipan un rechazo
La Cámara de Diputados anticipó ayer que rechazará la minuta sobre deuda pública que en las próximas horas le enviará el Senado de la República, toda vez que consideraron que éste carece de atribuciones para dar origen a una reforma en la materia.
Esta determinación fue tomada desde el lunes por los coordinadores de las siete fracciones parlamentarias representadas en San Lázaro y avalada este martes por la Mesa Directiva, la cual decidió retener la minuta que los senadores le harán llegar, y solicitar la reposición del proceso para que recaiga en los diputados, dijeron, como la ley lo establece.
La inconformidad, presentada por el diputado del PRD Carol Antonio Altamirano, integrante de la Comisión de Hacienda, fue sumando adeptos hasta conseguir el aval de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de esta Cámara.
Al sustentar su opinión de que cualquier reforma correspondiente a empréstitos debe tener a San Lázaro como Cámara de origen, el perredista recurrió a la jurisprudencia que en torno del artículo 72, inciso H, de la Constitución Política fijó en 2006 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como a la opinión del despacho Arteaga, García y Olvera.
El coordinador de la bancada del PRI, Manlio Fabio Beltrones Rivera, confirmó el acuerdo de la Jucopo.
“Hay un criterio establecido por parte del abogado de la Cámara de Diputados, que señala que la Cámara de origen, en materia de deuda —y este caso es en el que hablamos— debería ser la Cámara de Diputados. Y la Jucopo ha asumido esta opinión”, reseñó el priista.
Beltrones Rivera hizo votos para que en el Senado se atienda este señalamiento “para evitar que exista confusión en el futuro”.
Cuestionado sobre el riesgo de que la nueva legislación formulada por los senadores se invalide por los diputados, el líder parlamentario del partido tricolor admitió: “Ésa es la preocupación que en la Jucopo tuvieron todos sus integrantes. Espero que la podamos resolver en beneficio del país”.
Para Juan Alberto Galván Trejo, titular de Asuntos Jurídicos, el Senado carece de facultades para dar origen a una reforma que involucre el tema de deuda.
En sus conclusiones, el abogado de San Lázaro perfiló cuatro escenarios.
“1) De recibir una iniciativa con proyecto de ley o decreto que versare sobre contribuciones y empréstitos, el Senado debería remitirlas inmediatamente a la Cámara de Diputados para su discusión.
“2) En caso de que la presidencia del Senado turnase la iniciativa a la comisión correspondiente, ésta deberá emitir un dictamen negativo en virtud de su falta de competencia, pues debe ser discutida primero en la Cámara de Diputados.
“3) Si la iniciativa llegase a ser aprobada por el pleno del Senado y remitida a la Cámara de Diputados, la comisión a la cual se ha turnado el proyecto deberá dictaminar en sentido negativo por incumplimiento en lo establecido en el artículo 72, inciso H.
“4) Si el proyecto llegase a aprobarse por ambas cámaras, se podría considerar inconstitucional y podría dar lugar a observaciones por parte del titular del Ejecutivo mediante su facultad de veto o bien a su impugnación por la vía judicial.”
El coordinador del PAN en San Lázaro y presidente en turno de la Jucopo, Luis Alberto Villarreal García, reveló que ya notificó de estas consideraciones al Senado, el cual preside su correligionario Ernesto Cordero.
“Nosotros hemos enviado ya desde hace algunos días el punto de vista del Jurídico de esta Cámara, donde creemos que el Senado no tiene facultades constitucionales en materia de empréstitos”, informó el panista.
Villarreal García se pronunció por que en el Congreso “seamos muy respetuosos y muy cuidados de lo que a cada Cámara le corresponde atender, de acuerdo con lo que establece la misma Constitución”.
Destacó el presidente de la Junta de Coordinación Política que los diputados asumirán el debate y procesamiento de los cambios que se requieren en materia de deuda, porque tienen “un acuerdo clarísimo por los grupos parlamentarios para que este tema lo atendamos de inmediato; está en nuestra agenda común legislativa”.
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