Los legisladores Emilio Gamboa (PRI), Miguel Barbosa (PRD) y Ernesto Cordero (PAN) escriben en exclusiva para Excélsior
Redacción
03/04/2013 09:53
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CIUDAD DE MÉXICO, 3 de abril.- Los coordinadores de las tres principales fuerzas políticas en el Senado coincidieron en que el Pacto por México propone las reformas y el Congreso de la Unión dispone de su aprobación.
Los legisladores Emilio Gamboa (PRI), Miguel Barbosa (PRD) y Ernesto Cordero (PAN), por separado, analizan para Excélsior los avances y los retos que tiene el acuerdo impulsado por el presidente Enrique Peña Nieto y los partidos.
Para el priista Gamboa, el Senado tiene una agenda legislativa con luz propia, pero “el Pacto por México ha servido como una extraordinaria herramienta de negociación.”
Además, aseguró que es “indispensable reconocer la disposición y responsabilidad de los actores políticos para lograr avances importantes en diferentes aspectos, incluso antes de la existencia del Pacto”.
El senador perredista Barbosa dijo que “ México vive un momento que permite una discusión ordenada de los temas de la agenda nacional.
“Lo que se requiere es un Poder Legislativo que dé resultados, que resuelva problemas a la gente, un Poder Legislativo maduro”, señaló.
A la par, el senador panista Ernesto Cordero afirmó que serán “responsables al legislar... Ello implica no estar sujetos a intereses cupulares ni subordinados a poderes fácticos”.
Transformar al país desde el Legislativo
Emilio Gamboa, Miguel Barbosa y Ernesto Cordero destacan la relevancia de los consensos alcanzados antes del acuerdo nacional y resaltan la necesidad de que los legisladores actúen con responsabilidad, al margen de presiones, prisas y de la influencia de poderes fácticos.
Emilio Gamboa Patrón: el Pacto por México y el Senado de la República
Destaca la importancia del Pacto, pero recuerda los avances importantes logrados antes del mismo.
Los principales grupos parlamentarios representados en el Senado se han integrado, al igual que otros actores políticos, al Pacto por México. Un gran acuerdo al que convocara el presidente Enrique Peña Nieto desde su toma de posesión.
El Pacto constituye un instrumento que abona a la gobernabilidad democrática, en tanto que su logro debe atribuirse a la voluntad expresa de las principales fuerzas políticas nacionales, en cuyo marco el gobierno federal es otra más de sus partes.
En el Senado de la República tenemos una agenda legislativa con luz propia, pero nos queda claro que el Pacto por México ha servido como una extraordinaria herramienta de negociación política, un eje rector que cumple cuatro funciones:
1) Agilizar la discusión y sucesiva aprobación de las reformas.
2) Servir como documento base para la definición de los temas prioritarios.
3) Evitar el desgaste institucional de los órganos de representación política.
4) Enviar un claro mensaje a la ciudadanía sobre la capacidad de su clase política para trabajar en favor del bien común, haciendo a un lado las legítimas diferencias y avanzar sobre la base de las coincidencias.
Sin menoscabar las aportaciones del Pacto por México para la vida pública, también es indispensable reconocer la disposición y responsabilidad de los actores políticos para lograr avances importantes en diferentes aspectos, incluso antes de la existencia del Pacto.
Recordemos que la LXII Legislatura entró en funciones el 1º de septiembre de 2012, es decir, tres meses antes de la formalización del multicitado acuerdo político. Desde entonces, los partidos con representación en el Congreso de la Unión ya habían dado señales claras de voluntad para la aprobación de reformas de gran calado, así como para iniciar las discusiones sobre temas que más tarde formarían parte del Pacto por México.
Fue así como entre el 1º de septiembre y el 1º de diciembre de 2012 se aprobaron en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados la reforma a la Ley Federal de Contabilidad Gubernamental y la Reforma Laboral, enviadas por el presidente Felipe Calderón en su modalidad de iniciativas preferentes.
Además, se presentó la iniciativa para la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) y, posteriormente, la reforma constitucional que fortalece las atribuciones del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI). Conscientes de que el problema de la corrupción es un problema de Estado, estamos impulsando la creación de organismos que coadyuven en la erradicación de este mal.
Las reformas descritas anteriormente, definidas en la agenda mínima del Senado de la República antes de la firma del Pacto, reafirmaron la importancia de los órganos legislativos en nuestro Estado democrático de derecho y demuestran el compromiso de la LXII Legislatura por llevar a cabo las transformaciones legales, constitucionales e institucionales que el desarrollo nacional reclama desde hace tiempo.
Ya con la entrada en vigor del Pacto por México, se logró la aprobación de la reforma constitucional en materia educativa. En este caso, fue sin duda fructífera y redituable la intensa labor que se desplegó al interior del Senado, para arribar a consensos básicos entre las fracciones parlamentarias ahí representadas, que permitieron en relativamente poco tiempo plasmar importantes reformas en la Carta Magna a los artículos 3 y 73. Están aún pendientes por discutir y aprobar las leyes reglamentarias correspondientes, pero el primer paso para una educación de calidad ya ha sido dado.
Algunos otros frutos del Pacto por México han sido la aprobación de la reforma a la Ley de Amparo, un parteaguas histórico en materia de protección de derechos, y el inicio de las discusiones en el Senado de las reformas en materia de telecomunicaciones, que ya fueron aprobadas por la Cámara de Diputados, las cuales analizaremos y reflexionaremos con tiempo, mas sin perder de vista que se trata de una propuesta fundamental para el desarrollo y la competitividad de nuestro país.
Queda aún un largo camino por recorrer en la transformación de México. El Pacto por México seguirá cumpliendo su función política y los senadores de la República continuaremos ejerciendo nuestras funciones constitucionales. Lo haremos sin consignas, presiones, ni instrucciones, anteponiendo los intereses de la nación a cualquier otro.
Miguel Barbosa Huerta: a situación del país y el momento del Congreso
Dice que para que México cambie se requiere de una gran suma de esfuerzos y la concurrencia de voluntades.
A diferencia de hace seis años, cuando el país experimentó una polarización extrema que lo llevó al borde del rompimiento, ahora México vive un momento que permite una discusión ordenada de los temas de la agenda nacional, situación que las fuerzas políticas debemos valorar y aprovechar para poder avanzar en temas que le den viabilidad al Estado mexicano y, al mismo tiempo, poder responder a las demandas más sentidas de la sociedad.
México no está aislado, forma parte de una comunidad internacional globalizada e interconectada en donde se viven procesos de una gran intensidad. Europa enfrenta fuertes dificultades para mantener a flote sus finanzas; Estados Unidos aún no termina por poner en marcha las grandes líneas de la segunda administración de Barack Obama; Latinoamérica experimenta fenómenos que impactarán de manera importante la economía y la democracia de esta región de nuestro continente.
En este contexto internacional complejo, México debe hacer frente a tres tipos de problemas o necesidades. Se trata de resolver rezagos estructurales que vienen de muchas décadas atrás, como los desequilibrios regionales entre el norte y el sur del país; otros, derivados de la aplicación a ultranza de un modelo económico que ha favorecido la desigualdad social y que no ha podido combatir con eficiencia la pobreza que aún padecen millones de mexicanas y mexicanos. También existen nuevos fenómenos, como el tráfico de drogas, el contrabando de armas y la trata de personas, que han tenido un crecimiento mundial y que en nuestro país se expresan en altos índices de inseguridad y de violencia, los cuales se han agravado por el desgobierno federal de los últimos 12 años.
En suma, estamos ante una coyuntura que reclama que los poderes públicos expresen su madurez. Para que México cambie, para que ocurran las transformaciones que el país necesita, se requiere de una gran suma de esfuerzos y la concurrencia de voluntades. Hace nueve meses, millones de mexicanas y mexicanos acudieron a las urnas y con su voto definieron a los integrantes de las Cámaras del Congreso de la Unión y al titular del Poder Ejecutivo Federal. Es tiempo, por parte de quienes desempeñamos una representación popular, de dar respuestas a la ciudadanía.
Es verdad que también el proceso electoral federal del año pasado produjo cambios en las fuerzas políticas. El PRI ocupa nuevamente la Presidencia de la República y el PAN fue desplazado hasta la tercera posición electoral, después de la coalición de izquierda que se formó en torno al PRD y a la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. Esta nueva correlación de fuerzas ha propiciado en cada partido político definiciones de diferente nivel de conflictividad. Lo importante será que cada fuerza política pueda resolver su situación interna. El país requiere de partidos fuertes y comprometidos con la consolidación de la democracia.
De septiembre del año pasado, cuando inició su funcionamiento la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, a la fecha, en el Senado de la República se ha establecido una relación institucional y de respeto entre las fuerzas políticas ahí representadas, que ha permitido cambios importantes en nuestro marco jurídico y que repercutirán en la vida cotidiana de miles de personas. Por ejemplo, en este periodo ordinario de sesiones ya se han aprobado dos reformas importantes: la Ley de Amparo y la Ley de Víctimas.
En lo que resta del periodo, que culmina a finales del mes de abril, el Grupo Parlamentario del PRD impulsará productos legislativos específicos como son: la reforma anticorrupción; la reforma que evite el abuso escolar (bullying); la legislación en materia de regulación de deuda de estados y de municipios; el ejercicio pleno de las facultades del Senado como Cámara revisora de la minuta en telecomunicaciones y competencias, que los diputados aprobaron en la noche del 21 y la madrugada del 22 de marzo.
Cabe una reflexión referente a la relación presente y futura del Poder Ejecutivo con el Legislativo. México ya vivió un Poder Legislativo sometido al Ejecutivo; México ya vivió un Legislativo confrontado con el Ejecutivo. Lo que se requiere es un Poder Legislativo que dé resultados, que resuelva problemas a la gente, un Poder Legislativo maduro. Debe reconocerse que en más de dos décadas de cambio político, el impulso social ha permitido transformaciones importantes, particularmente en materia de derechos políticos, humanos y de libertades; sin embargo, la calidad de la democracia mexicana deja mucho que desear y, lo más importante, después de este tiempo, la transición política no ha sido suficiente para disminuir la pobreza y eliminar la desigualdad de la sociedad mexicana.
Ernesto Cordero: continuamos la agenda de la transformación
Advierte que las sesiones por venir serán arduas y de mucha deliberación, pero actuarán con responsabilidad.
La libertad es el valor que permite construir un México de oportunidades para todos. Por ello, el fortalecimiento y la promoción de las libertades económica, política y social son el eje de la agenda legislativa del Partido Acción Nacional en el Senado de la República. Nuestra agenda está comprometida con las libertades ciudadanas.
Es cierto, no se trata de una agenda nueva. Es la continuación de una agenda de transformación que inició hace dos sexenios. Fueron los dos anteriores gobiernos panistas los que sentaron las bases para que las libertades recién adquiridas se fortalecieran y ampliaran, en un marco de estabilidad y consolidación democrática. Los avances hoy son palpables.
Tan sólo en materia social, las políticas federales implementadas durante los gobiernos panistas demostraron su efectividad para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos; logro reconocido y verificado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su Informe sobre Desarrollo Humano 2013, El ascenso del Sur: Progreso humano en un mundo diverso. Éste, como muchos otros avances, se obtuvieron pese a las resistencias provenientes del viejo régimen, a un entramado institucional anquilosado que crujía con cada paso reformador y a nuevos desafíos como la delincuencia organizada y la crisis financiera internacional.
Así, los logros obtenidos en la última década hacían prioritario asegurar que con el cambio de partido político en la Presidencia de la República no se frenara esta acción transformadora. Los senadores de Acción Nacional tomamos de frente el desafío y actuamos en consecuencia. México no podía detenerse y por eso hemos actuado como una fracción responsable y desde el Senado cogobernamos democráticamente en favor del interés nacional.
Ser una fracción responsable es legislar sin más interés que el de todos los mexicanos, ser vigilantes y promotores del bien común, así como del fortalecimiento de las libertades ciudadanas. Ello implica necesariamente no estar sujetos a intereses cupulares ni subordinados a poderes fácticos. Tenemos claro que los tiempos legislativos no son los tiempos políticos de ningún líder, partido, poder político o económico. Legislar con responsabilidad y en favor del interés nacional es analizar, deliberar ideas, argumentos, escuchar y, finalmente, acordar y decidir. En el Senado, los panistas estamos convencidos de que “por el camino de diálogo sereno, racional, razonable y respetuoso es posible avanzar”, como afirmó don Carlos Castillo Peraza. Y así ha sido.
Ya en el primer periodo ordinario de sesiones se aprobaron importantes reformas como la laboral, la educativa, la de contabilidad gubernamental, la de seguros y fianzas, así como la ley contra el lavado de dinero, entre otras. El balance del segundo periodo ordinario de sesiones también es positivo para México.
Como muestra de ello se aprobaron, sin legislar al vapor y con responsabilidad, las reformas a la Ley General de Víctimas con el objetivo de mejorar una ley que por las prisas políticas presentaba enormes dificultades técnicas y dejaba a las víctimas en claro estado de indefensión. Seguiremos promoviendo que los gobiernos estatales asuman su responsabilidad de asistir, apoyar y compensar a las víctimas de los delitos del orden común o bien de las violaciones a los derechos humanos cometidos por servidores públicos locales. También insistiremos en que una política pública de atención a víctimas es mejor que esta ley, la cual, pese a las mejoras, está todavía muy lejos del ideal de justicia y verdad que reclaman las víctimas y sus familiares.
Otro claro indicador de la continuidad transformadora que impulsa el PAN es la aprobación de la Ley de Amparo, la cual dará vida y fuerza a las reformas constitucionales, aprobadas en junio de 2011, vinculadas con el Juicio de Amparo y a la Protección de los Derechos Humanos. Fue hace casi dos años cuando se logró el más importante y poderoso cambio legal en décadas en México, que buscaba romper con viejos principios que impedían una eficaz aplicación de la justicia. Ahora, con la legislación secundaria, finalmente dichas novedades normativas podrán ser utilizadas en los tribunales y tener vigencia efectiva. Así, ponemos al día nuestro marco legal para proteger de manera más efectiva los derechos de los ciudadanos.
Estamos a un mes de que concluya el actual periodo de sesiones, lo cual representa retos y oportunidades para continuar esta dinámica transformadora. Los legisladores panistas buscaremos dialogar y construir acuerdos con las demás fracciones legislativas. Será un trabajo arduo, de mucha deliberación, pero lo haremos con responsabilidad.
Debemos avanzar en la discusión y aprobación de las reformas a la Constitución y a las leyes secundarias que permitan controlar las deudas de los estados y municipios; continuar con el análisis del nuevo Código de Procedimientos Penales; avanzar en el diseño institucional de combate a la corrupción; nombrar a los integrantes del Instituto de Evaluación Educativa, así como las reformas a la Ley de Telecomunicaciones. Se harán los cambios que mejor beneficien a México y a sus ciudadanos.
Al igual que miles de mexicanos, soy un convencido de que siempre es mejor construir que imponer; que siempre será mejor para todos privilegiar la deliberación, por difícil y complicada que sea, de los temas nacionales. Sin prisas pero sin pausas, los senadores de Acción Nacional seguiremos siendo productivos, abriendo el debate con toda transparencia para que los ciudadanos conozcan qué estamos analizando y discutiendo, así como las posiciones de cada bancada.
No hay mejor vacuna contra los malestares nacionales que la discusión responsable y seria de las reformas que se requieren, como corresponde a cualquier Congreso dentro de un régimen democrático. En el Senado, los panistas no vamos a bajar la guardia; vamos a seguir impulsando la transformación de México en clave democrática.
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